VULTURE #forex #eurusd
Por Alfredo Zaiat
Los días de tensión especulativa en el mercado de bonos de deuda argentina con legislación Nueva York a partir del fallo del juez Griesa sirvieron como ilustrativa guía política. Permitieron conocer cuál podría haber sido la respuesta de otro gobierno si se consideraran las recomendaciones de economistas que fueron funcionarios públicos, hoy vinculados al mundo de las finanzas y con intensa presencia en medios de comunicación. La propuesta que cada uno ofreció públicamente era, es y será pagar la deuda sin hacer demasiadas consideraciones sobre la justicia del reclamo, la parcialidad del juez Griesa y, fundamentalmente, la estrategia de los fondos buitre que no han manifestado ningún interés en cobrar en las condiciones del canje 2005 y 2010. Ese grupo de economistas, con eco en políticos y analistas, supone perjudicial para la economía local la defensa jurídica de los intereses del país frente a ataques financieros de fondos buitre. Y evalúa como “mala praxis” la estrategia argentina porque hubo un fallo en primera instancia con fundamentos disparatados que recibió la censura de hasta la ex número dos del FMI, la conservadora y poco amiga de Argentina Anne Krueger. Para ellos el contenido del fallo Griesa es una cuestión accesoria porque destacan que el principal culpable es el gobierno argentino porque no les paga y además afirmó que no iba a pagarles a los vulture.
Un detalle que ocultaron o minimizaron es que los fondos buitre reciben esa denominación precisamente porque no pretenden cobrar por mecanismos de mercado, sino por vía judicial. Entonces la estrategia de defensa del Gobierno tiene que ser en el ámbito jurídico y no financiero. Cuando alegan que el canje debería haber quedado abierto, cuestionando la ley cerrojo, desestiman que esa norma fue sancionada para conseguir un porcentaje elevado de adhesión al trueque. Fue el mecanismo de presión para inducir a los acreedores a participar del canje. A los fondos buitre no le importaba la existencia de la ley cerrojo porque, vale reiterarlo, son inversores cuyo objetivo es obtener ganancias extraordinarias vía judicial y no a través del mercado de deuda.
Como se sabe, en instancias judiciales las cartas de negociación, como la de proponer la reapertura del canje de deuda, forma parte de una táctica que, como cualquiera, tiene que ser utilizadas en forma oportuna para neutralizar los intereses de los demandantes. Ahora bien, el resultado de esa estrategia puede ser favorable o no, dependerá de la evaluación del caso que harán los jueces. Pero valorarla a destiempo o en términos financieros, como han hecho la mayoría de los economistas de la city, tiene otro objetivo no explicitado. Este no es otro que aceptar la subordinación al poder financiero pagando la deuda como reclaman los acreedores.
Para desconcierto de ese grupo de economistas, el kirchnerismo ha negociado con firmeza ante los acreedores y ha cumplido después con cada uno de los vencimientos de deuda. La primera oferta de reestructuración de deuda conocida como Plan Dubai, presentada por Argentina en la asamblea anual del FMI-BM en septiembre de 2003, fue una quita del 75 por ciento. Fue rechazada. La segunda, el Plan Buenos Aires, fue suavizada, con quitas del 45 al 65 por ciento, dependiendo del bono. Fue aceptada, convirtiéndose en la reestructuración más beneficiosa para el deudor en la era de las finanzas modernas. Desde entonces, esos mismos economistas que hubieran estructurado una operación para no perjudicar a los acreedores, como fue el megacanje de Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, advirtieron en más de una ocasión el riesgo de un nuevo default. Lo hicieron durante la crisis del 2008 y lo volvieron a hacer en las últimas semanas. La realidad nuevamente embistió contra esos deseos.
En ese contexto se desarrolla el conflicto con fondos radicados en guaridas fiscales, como Islas Caimán, que se extiende desde el mismo momento en que no consideraron el canje de deuda de 2005 ni el de 2010. Y no los evaluaron porque no es la naturaleza de esos fondos. Su objetivo es litigar en la Justicia, ya sea la de Nueva York o la de Ghana, para cobrar el ciento por ciento más intereses de los bonos comprados por centavos luego del default. Lo hacen con Argentina como con cualquier otro país vulnerable en el frente financiero externo. Los fondos buitre se dedican a esquilmar las finanzas de países pobres africanos. Según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 vulture, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones de dólares.
Ignorar las características de funcionamiento de los fondos buitre no es inocente. Exhibe sin inhibiciones el mandato ortodoxo que propone la subordinación de naciones soberanas al poder financiero, sin importar el protagonista, ya sea si son compañías radicadas en paraísos fiscales o si son grandes fondos de inversión que operan con las reglas del mercado financiero internacional. Quienes lo postulan tienen la virtud de la coherencia: fueron partícipes de equipos económicos endeudadores seriales del país. Uno de ellos, Daniel Marx, desde su consultora Quantum Finanzas, difundió un reporte el 16 de noviembre pasado donde sentenció que “más allá de los recursos legales que quedan a disposición para demorar lo inevitable, el desenlace de esta novela se acerca y su resolución está abierta. El tiempo dirá si la racionalidad económica prevalece sobre la política o viceversa”. O sea, lo “inevitable” y lo “racional” es que Argentina tiene que pagar. El detalle no mencionado es que Argentina paga cumpliendo con los vencimientos de deuda, y que los fondos buitre no quieren cobrar como el resto de los acreedores. Por eso mismo se está desarrollando una instancia judicial, no de mercado. Pero la vocación de claudicar ante los poderes financieros puede más que la rigurosidad analítica. No fue el único caso.
El elenco estable de hombres de negocios dedicados a comercializar información económica recibió el fallo de Griesa como estupefaciente que aceleró el pulso de pronósticos negativos sobre la economía argentina. Miguel Kiguel especuló, en el Cronista Comercial del 23 de noviembre pasado, con las consecuencias de un eventual “default técnico” para la economía argentina. Adelantaba que el país “perdería de 5000 a 7000 millones de dólares que entran por año de comercio exterior, afectaría la inversión y el crecimiento, porque cuanto menos crédito, más complicado es crecer”. La previsión negativa no incorporó como elemento de análisis la eventualidad de una apelación exitosa a la Cámara, como sucedió, ni nueve años de crecimiento económico argentino sin financiamiento externo. Exige una firme militancia ortodoxa desconocer esa experiencia tras el objetivo de construir la economía del miedo para orientar hacia el pago a acreedores sin importar que fuesen buitres. El mandato de la ortodoxia es la subordinación a los intereses del poder financiero y el regreso al ciclo de endeudamiento externo.
La consultora Finsoport de Jorge Todesca, viceministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue más enfático, luego de elogiar como “muy sólidos” los argumentos del juez Griesa. Pocos se atrevieron a tanto. En un reporte reciente escribió: “Si la Argentina no paga, lo que en definitiva se le ordene, caemos nuevamente en default. Ahora bien, ¿cómo se sale de ese nuevo default? Evidentemente pagando, aunque se trate de otra suma. Es decir que por uno u otro camino, más tarde o más temprano, el Gobierno deberá replantear su calendario de pagos externos y las respectivas consecuencias”. El detalle olvidado es que los fondos buitre son los que no quieren cobrar como el resto de los acreedores. El Banco Ciudad, conducido por Federico Sturzenegger, tituló uno de sus informes “Fallo Griesa: another brick in the wall”, en el que afirmaba que “luego de 10 años de litigio, se está a un paso de forzar un segundo default de la deuda argentina”. No hubo ese paso.
El fallo de la Cámara de Apelaciones suspendiendo el de Griesa dejó en evidencia la vocación que tienen de doblegarse a cualquier demanda del mundo financiero, y la confusión analítica que expresan sobre qué pretenden los fondos buitre. También cómo se defienden los intereses del país en litigios internacionales. No es aceptando todo lo que reclaman los demandantes, como si Argentina fuera un paria en el mundo además de eterna culpable, sino interviniendo con oportunas estrategias, que a veces pueden ser efectivas y otras no, pero manteniendo la dignidad necesaria para no descubrir un vulture reflejado en el espejo.
nota original
Los días de tensión especulativa en el mercado de bonos de deuda argentina con legislación Nueva York a partir del fallo del juez Griesa sirvieron como ilustrativa guía política. Permitieron conocer cuál podría haber sido la respuesta de otro gobierno si se consideraran las recomendaciones de economistas que fueron funcionarios públicos, hoy vinculados al mundo de las finanzas y con intensa presencia en medios de comunicación. La propuesta que cada uno ofreció públicamente era, es y será pagar la deuda sin hacer demasiadas consideraciones sobre la justicia del reclamo, la parcialidad del juez Griesa y, fundamentalmente, la estrategia de los fondos buitre que no han manifestado ningún interés en cobrar en las condiciones del canje 2005 y 2010. Ese grupo de economistas, con eco en políticos y analistas, supone perjudicial para la economía local la defensa jurídica de los intereses del país frente a ataques financieros de fondos buitre. Y evalúa como “mala praxis” la estrategia argentina porque hubo un fallo en primera instancia con fundamentos disparatados que recibió la censura de hasta la ex número dos del FMI, la conservadora y poco amiga de Argentina Anne Krueger. Para ellos el contenido del fallo Griesa es una cuestión accesoria porque destacan que el principal culpable es el gobierno argentino porque no les paga y además afirmó que no iba a pagarles a los vulture.
Un detalle que ocultaron o minimizaron es que los fondos buitre reciben esa denominación precisamente porque no pretenden cobrar por mecanismos de mercado, sino por vía judicial. Entonces la estrategia de defensa del Gobierno tiene que ser en el ámbito jurídico y no financiero. Cuando alegan que el canje debería haber quedado abierto, cuestionando la ley cerrojo, desestiman que esa norma fue sancionada para conseguir un porcentaje elevado de adhesión al trueque. Fue el mecanismo de presión para inducir a los acreedores a participar del canje. A los fondos buitre no le importaba la existencia de la ley cerrojo porque, vale reiterarlo, son inversores cuyo objetivo es obtener ganancias extraordinarias vía judicial y no a través del mercado de deuda.
Como se sabe, en instancias judiciales las cartas de negociación, como la de proponer la reapertura del canje de deuda, forma parte de una táctica que, como cualquiera, tiene que ser utilizadas en forma oportuna para neutralizar los intereses de los demandantes. Ahora bien, el resultado de esa estrategia puede ser favorable o no, dependerá de la evaluación del caso que harán los jueces. Pero valorarla a destiempo o en términos financieros, como han hecho la mayoría de los economistas de la city, tiene otro objetivo no explicitado. Este no es otro que aceptar la subordinación al poder financiero pagando la deuda como reclaman los acreedores.
Para desconcierto de ese grupo de economistas, el kirchnerismo ha negociado con firmeza ante los acreedores y ha cumplido después con cada uno de los vencimientos de deuda. La primera oferta de reestructuración de deuda conocida como Plan Dubai, presentada por Argentina en la asamblea anual del FMI-BM en septiembre de 2003, fue una quita del 75 por ciento. Fue rechazada. La segunda, el Plan Buenos Aires, fue suavizada, con quitas del 45 al 65 por ciento, dependiendo del bono. Fue aceptada, convirtiéndose en la reestructuración más beneficiosa para el deudor en la era de las finanzas modernas. Desde entonces, esos mismos economistas que hubieran estructurado una operación para no perjudicar a los acreedores, como fue el megacanje de Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, advirtieron en más de una ocasión el riesgo de un nuevo default. Lo hicieron durante la crisis del 2008 y lo volvieron a hacer en las últimas semanas. La realidad nuevamente embistió contra esos deseos.
En ese contexto se desarrolla el conflicto con fondos radicados en guaridas fiscales, como Islas Caimán, que se extiende desde el mismo momento en que no consideraron el canje de deuda de 2005 ni el de 2010. Y no los evaluaron porque no es la naturaleza de esos fondos. Su objetivo es litigar en la Justicia, ya sea la de Nueva York o la de Ghana, para cobrar el ciento por ciento más intereses de los bonos comprados por centavos luego del default. Lo hacen con Argentina como con cualquier otro país vulnerable en el frente financiero externo. Los fondos buitre se dedican a esquilmar las finanzas de países pobres africanos. Según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 vulture, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones de dólares.
Ignorar las características de funcionamiento de los fondos buitre no es inocente. Exhibe sin inhibiciones el mandato ortodoxo que propone la subordinación de naciones soberanas al poder financiero, sin importar el protagonista, ya sea si son compañías radicadas en paraísos fiscales o si son grandes fondos de inversión que operan con las reglas del mercado financiero internacional. Quienes lo postulan tienen la virtud de la coherencia: fueron partícipes de equipos económicos endeudadores seriales del país. Uno de ellos, Daniel Marx, desde su consultora Quantum Finanzas, difundió un reporte el 16 de noviembre pasado donde sentenció que “más allá de los recursos legales que quedan a disposición para demorar lo inevitable, el desenlace de esta novela se acerca y su resolución está abierta. El tiempo dirá si la racionalidad económica prevalece sobre la política o viceversa”. O sea, lo “inevitable” y lo “racional” es que Argentina tiene que pagar. El detalle no mencionado es que Argentina paga cumpliendo con los vencimientos de deuda, y que los fondos buitre no quieren cobrar como el resto de los acreedores. Por eso mismo se está desarrollando una instancia judicial, no de mercado. Pero la vocación de claudicar ante los poderes financieros puede más que la rigurosidad analítica. No fue el único caso.
El elenco estable de hombres de negocios dedicados a comercializar información económica recibió el fallo de Griesa como estupefaciente que aceleró el pulso de pronósticos negativos sobre la economía argentina. Miguel Kiguel especuló, en el Cronista Comercial del 23 de noviembre pasado, con las consecuencias de un eventual “default técnico” para la economía argentina. Adelantaba que el país “perdería de 5000 a 7000 millones de dólares que entran por año de comercio exterior, afectaría la inversión y el crecimiento, porque cuanto menos crédito, más complicado es crecer”. La previsión negativa no incorporó como elemento de análisis la eventualidad de una apelación exitosa a la Cámara, como sucedió, ni nueve años de crecimiento económico argentino sin financiamiento externo. Exige una firme militancia ortodoxa desconocer esa experiencia tras el objetivo de construir la economía del miedo para orientar hacia el pago a acreedores sin importar que fuesen buitres. El mandato de la ortodoxia es la subordinación a los intereses del poder financiero y el regreso al ciclo de endeudamiento externo.
La consultora Finsoport de Jorge Todesca, viceministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue más enfático, luego de elogiar como “muy sólidos” los argumentos del juez Griesa. Pocos se atrevieron a tanto. En un reporte reciente escribió: “Si la Argentina no paga, lo que en definitiva se le ordene, caemos nuevamente en default. Ahora bien, ¿cómo se sale de ese nuevo default? Evidentemente pagando, aunque se trate de otra suma. Es decir que por uno u otro camino, más tarde o más temprano, el Gobierno deberá replantear su calendario de pagos externos y las respectivas consecuencias”. El detalle olvidado es que los fondos buitre son los que no quieren cobrar como el resto de los acreedores. El Banco Ciudad, conducido por Federico Sturzenegger, tituló uno de sus informes “Fallo Griesa: another brick in the wall”, en el que afirmaba que “luego de 10 años de litigio, se está a un paso de forzar un segundo default de la deuda argentina”. No hubo ese paso.
El fallo de la Cámara de Apelaciones suspendiendo el de Griesa dejó en evidencia la vocación que tienen de doblegarse a cualquier demanda del mundo financiero, y la confusión analítica que expresan sobre qué pretenden los fondos buitre. También cómo se defienden los intereses del país en litigios internacionales. No es aceptando todo lo que reclaman los demandantes, como si Argentina fuera un paria en el mundo además de eterna culpable, sino interviniendo con oportunas estrategias, que a veces pueden ser efectivas y otras no, pero manteniendo la dignidad necesaria para no descubrir un vulture reflejado en el espejo.
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