Como nostálgicos del franquismo - EL GOBIERNO DE RAJOY QUIERE RETROTRAER 35 AÑOS LA MODERNA LEY DE ABORTO ESPAÑOLA
El ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que propondrá un proyecto de ley para modificar la actual ley que rige el aborto en España. Su proyecto retrocedería aún más que la ley que regía en 1985. Marchas y críticas.
Cientos de mujeres se manifestaron ayer en las calles de Madrid y otras ciudades, en rechazo a la modificación regresiva que pretende introducir el gobierno conservador de Mariano Rajoy a la actual ley de aborto libre hasta la semana catorce de gestación. La reforma no sólo dejaría sin efectos los cambios realizados en 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: incluirá más restricciones que la norma sancionada en 1985. El partido gobernante posee mayoría absoluta en el Parlamento del país ibérico, por lo que podría aprobar sin grandes dificultades el proyecto de cambios que presentará en octubre.
“Nos parece que es un retroceso a la época de la dictadura franquista (cuando se anuló la ley de aborto de la década del 1930) y no estamos dispuestas de ninguna forma a consentir medidas que nos quitan nuestros derechos”, explicó Justa Montero, miembro de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, que participó de la protesta realizada ayer. Por su parte, Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), destacó que la prohibición llevaría “a que las mujeres que tienen dinero se vayan a otros países y las que no lo tienen recurran al aborto clandestino”.
El gobierno español confirmó el viernes su intención de modificar la ley aprobada en 2010, durante el mandato de Rodríguez Zapatero (PSOE), que permite el aborto sin ningún tipo de restricción hasta las catorce semanas de gestación y, luego de ese plazo, hasta las 22 semanas en caso de “riesgo para la vida y la salud” de la madre o “graves malformaciones del feto” y sin límite de tiempo tras la autorización de un comité médico, en los casos más graves.
Las asociaciones feministas estuvieron en alerta desde el arribo del Partido Popular (PP) a la Moncloa, pero las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, terminaron de desatar las manifestaciones de repudio. “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación”, dijo el funcionario en una entrevista y admitió que, además de judicializar nuevamente el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, propondrá un cambio aún más conservador que la legislación vigente entre 1985 y 2010.
Es la primera vez que el PP se anima a intentar la reforma. El ex presidente conservador José María Aznar (PP) no se preocupó en hacerlo en ninguno de sus dos mandatos. La regulación de 1985 –más similar a la que rige en Argentina– despenalizaba el aborto en el primer trimestre de gestación en caso de violación, hasta la semana 22 en caso de taras físicas o psíquicas del feto, y sin plazo cuando el embarazo hiciera peligrar la vida de la madre. Según versiones, el proyecto de Ruiz Gallardo contemplará como única salvedad la acreditación de que el embarazo pone en riesgo la salud mental de la mujer.
Una encuesta publicada ayer en El País de Madrid analizó la opinión sobre el proyecto. El 81 por ciento de los españoles se muestra contrario a la prohibición del aborto en caso de malformación del feto. Entre quienes rechazan la medida, el 65 por ciento aseguró haber votado al actual gobierno conservador y el 64 por ciento se definió como católico practicante. Es “una contrarreforma” que supone “volver atrás 35 años”, estimó Trinidad Jiménez, secretaria de política social del Partido Socialista.
El ministro Ruiz Gallardón argumentó su proyecto en que los textos de la ONU y el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas reconoce la necesidad de “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar (a quienes tengan capacidades diferentes) sus derechos”. Para la feminista Montero, esta propuesta “manifiesta una preocupación que luego no se acompaña con otras medidas” ya que “el gobierno está quitando todas las ayudas para servicios de atención a personas con dependencia y niños y niñas con malformaciones”. Por su parte, Barambio refutó: “En todas las conferencias internacionales, todas las agencias sanitarias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa dicen que no se restrinja el aborto. Lo que Gallardón quiere es prohibir, de facto, el aborto en España en la línea de Irlanda, Polonia o Malta”.
La referente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Begoña Fernández, recordó que de las 50 mil mujeres que abortaron en 2010 en España, 44 mil lo hicieron en las primeras 14 semanas por decisión propia. Si se toma en cuenta que la tasa de abortos de ese país está “estabilizada” en 11,4 por cada mil mujeres, según señaló la edil, alrededor de medio millón de españolas deberían recurrir anualmente al circuito clandestino para interrumpir su embarazo. Claro que las que puedan pagar podrán viajar a otro país o pagar una clínica privada.
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Cientos de mujeres se manifestaron ayer en las calles de Madrid y otras ciudades, en rechazo a la modificación regresiva que pretende introducir el gobierno conservador de Mariano Rajoy a la actual ley de aborto libre hasta la semana catorce de gestación. La reforma no sólo dejaría sin efectos los cambios realizados en 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: incluirá más restricciones que la norma sancionada en 1985. El partido gobernante posee mayoría absoluta en el Parlamento del país ibérico, por lo que podría aprobar sin grandes dificultades el proyecto de cambios que presentará en octubre.
“Nos parece que es un retroceso a la época de la dictadura franquista (cuando se anuló la ley de aborto de la década del 1930) y no estamos dispuestas de ninguna forma a consentir medidas que nos quitan nuestros derechos”, explicó Justa Montero, miembro de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, que participó de la protesta realizada ayer. Por su parte, Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), destacó que la prohibición llevaría “a que las mujeres que tienen dinero se vayan a otros países y las que no lo tienen recurran al aborto clandestino”.
El gobierno español confirmó el viernes su intención de modificar la ley aprobada en 2010, durante el mandato de Rodríguez Zapatero (PSOE), que permite el aborto sin ningún tipo de restricción hasta las catorce semanas de gestación y, luego de ese plazo, hasta las 22 semanas en caso de “riesgo para la vida y la salud” de la madre o “graves malformaciones del feto” y sin límite de tiempo tras la autorización de un comité médico, en los casos más graves.
Las asociaciones feministas estuvieron en alerta desde el arribo del Partido Popular (PP) a la Moncloa, pero las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, terminaron de desatar las manifestaciones de repudio. “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación”, dijo el funcionario en una entrevista y admitió que, además de judicializar nuevamente el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, propondrá un cambio aún más conservador que la legislación vigente entre 1985 y 2010.
Es la primera vez que el PP se anima a intentar la reforma. El ex presidente conservador José María Aznar (PP) no se preocupó en hacerlo en ninguno de sus dos mandatos. La regulación de 1985 –más similar a la que rige en Argentina– despenalizaba el aborto en el primer trimestre de gestación en caso de violación, hasta la semana 22 en caso de taras físicas o psíquicas del feto, y sin plazo cuando el embarazo hiciera peligrar la vida de la madre. Según versiones, el proyecto de Ruiz Gallardo contemplará como única salvedad la acreditación de que el embarazo pone en riesgo la salud mental de la mujer.
Una encuesta publicada ayer en El País de Madrid analizó la opinión sobre el proyecto. El 81 por ciento de los españoles se muestra contrario a la prohibición del aborto en caso de malformación del feto. Entre quienes rechazan la medida, el 65 por ciento aseguró haber votado al actual gobierno conservador y el 64 por ciento se definió como católico practicante. Es “una contrarreforma” que supone “volver atrás 35 años”, estimó Trinidad Jiménez, secretaria de política social del Partido Socialista.
El ministro Ruiz Gallardón argumentó su proyecto en que los textos de la ONU y el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas reconoce la necesidad de “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar (a quienes tengan capacidades diferentes) sus derechos”. Para la feminista Montero, esta propuesta “manifiesta una preocupación que luego no se acompaña con otras medidas” ya que “el gobierno está quitando todas las ayudas para servicios de atención a personas con dependencia y niños y niñas con malformaciones”. Por su parte, Barambio refutó: “En todas las conferencias internacionales, todas las agencias sanitarias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa dicen que no se restrinja el aborto. Lo que Gallardón quiere es prohibir, de facto, el aborto en España en la línea de Irlanda, Polonia o Malta”.
La referente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Begoña Fernández, recordó que de las 50 mil mujeres que abortaron en 2010 en España, 44 mil lo hicieron en las primeras 14 semanas por decisión propia. Si se toma en cuenta que la tasa de abortos de ese país está “estabilizada” en 11,4 por cada mil mujeres, según señaló la edil, alrededor de medio millón de españolas deberían recurrir anualmente al circuito clandestino para interrumpir su embarazo. Claro que las que puedan pagar podrán viajar a otro país o pagar una clínica privada.
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