Se oficializó el Decreto que ordena publicar el Informe Rattenbach
El Decreto ordena la publicación del Informe Rattenbach sobre la Guerra de Malvinas, señalando que la comisión que lo evaluó concluyó que no se ha identificado información cuya difusión ponga en riesgo la seguridad interior. Hay reserva para proteger a un kelper y a un funcionario de inteligencia.
El Poder Ejecutivo, por Decreto 431/2012 publicado hoy en el Boletín Oficial, ordenó la publicación de la versión digitalizada del Ejemplar “01” del “Informe Rattenbach” elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur.
En los considerandos cita consideraciones de la Comisión que analizo el documento, antes de darlo a difusión pública, en la que se destaca que “el carácter ilegal e ilegítimo de la dictadura cívico-militar, lejos de merecer una mirada de protección de su proceder, requiere su plena y completa revelación y consecuente repudio, sin que ello de ninguna manera signifique hoy develar información sensible que pueda afectar el interés nacional”.
Asimismo –agrega-, a raíz de los sustantivos cambios políticos y geoestratégicos regionales y globales acaecidos desde 1982 a la fecha, se hace innecesario mantener la reserva sobre la información relativa a la conducta de terceros Estados durante el conflicto, máxime cuando tal información reviste hoy un valioso interés desde el punto de vista histórico, tanto para nuestro país como para la comunidad internacional.
En cuanto a la información de carácter técnico-militar, la Comisión ha concluido que su significancia ha sido relativizada por el desarrollo tecnológico acaecido en las últimas tres décadas, conforme a la opinión de los expertos en la materia consultados por la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12.
En todo caso –agrega-, el conflicto de 1982 en modo alguno alteró la naturaleza o la caracterización de la controversia de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como lo ha reconocido la comunidad internacional en las numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptadas con posterioridad al conflicto bélico.
Dice también que, de acuerdo con los criterios enunciados y de conformidad con su mandato, la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12 concluyó que no se ha identificado información cuya publicación y difusión ponga en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores, aunque no obstante, se estimó pertinente señalar que existe un número limitado de información contenida en el Informe que, por razones diferentes a las encuadradas en el artículo 2º del referido decreto, puede caracterizarse como sensible.
En tal sentido dice que en la declaración del Contralmirante Barry Melbourne Hussay se brinda información mediante la cual se podría fácilmente identificar a un Kelper inglés que colaboró con las fuerzas militares argentinas en Malvinas, recomendándose que el referido texto sea tachado en negro de la versión del “Informe Rattenbach” que se haga pública, a los fines de evitar que la seguridad personal de ese individuo o sus familiares sea puesta en riesgo ante una eventual identificación, y como muestra de la consideración del Estado argentino por esas personas.
Por otra parte, en el documento “Antecedentes relacionados con el funcionamiento de la CNI —Central Nacional de Inteligencia— Origen: SIDE” al referirse a las reuniones para la elaboración del PIEN (Plan de Inteligencia Estratégica Nacional), entre los concurrentes por la SIDE se menciona a un funcionario que aún continúa prestando servicios de inteligencia, recomendándose, también, tachar en negro el nombre del mismo de la versión del “Informe Rattenbach” que se haga pública, a los fines de mantener la clasificación de seguridad sobre el personal y las actividades de inteligencia establecida por la Ley Nº 25.520 (art. 16º).
Asimismo –dice- resulta necesario instruir a la Procuración del tesoro de la Nación para que intervenga como parte en las causas que eventualmente pudieran originar las investigaciones que se realicen en virtud de la publicación del “Informe Rattenbach”, efectuando las denuncias, reclamos y querellas que correspondan.
También –agrega- es menester instruir al Ministerio de Defensa para que efectúe todas las acciones necesarias para el archivo del “Informe Rattenbach” y del Informe de la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12.
La versión digitalizada del material, estará disponible en el sitio de Internet de la Presidencia de la Nación. Los ejemplares originales del “Informe Rattenbach” recolectados por la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12, tendrán el siguiente destino: el Ejemplar “01”, en su estado original, quedará bajo guarda de la jurisdicción Ministerio de Defensa – Auditoría General de las Fuerzas Armadas; los demás ejemplares pasarán a formar parte, previo acondicionamiento, del acervo documental del futuro Museo Memorial Malvinas. Asimismo, el Informe de dicha Comisión será dado a conocimiento público, excepto su “Anexo Confidencial” que permanecerá bajo la guarda de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y el ministro de defensa, Arturo A. Puricelli.
En los considerandos recuerda que mediante el Decreto Nº 200/12 se relevó de la clasificación de seguridad establecida, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su Decreto Reglamentario Nº 950/02, al Informe Final elaborado por la “Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades Políticas y Estratégico-militares en el Conflicto del Atlántico Sur” (conocido como “Informe Rattenbach”), sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho Informe.
Por la misma norma –agrega- se dispuso la creación de una Comisión, integrada por un representante del Ministerio de Defensa y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efectos de aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la Presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el referido “Informe Rattenbach” cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, para que, en su condición de Jefe Supremo de la Nación, responsable de las Relaciones Exteriores de la Nación y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación (artículos 99, incisos 1, 7 y 12, de la Constitución Nacional, y 10 de la Ley Nº 23.554) disponga mantener o no el carácter de “clasificación de seguridad” en los términos de la Ley Nº 25.520.
Dice además que por el citado decreto también se invitó al Coronel (R) D. Augusto Benjamín Rattenbach a formar parte de la referida Comisión.
Agrega que mediante la Resolución Conjunta MD Nº 63/12 y MREyC Nº 41/12 los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto designaron al Licenciado Alfredo W. Forti y a la Embajadora Susana M. Ruiz Cerutti como sus respectivos representantes en la Comisión creada por el citado Decreto Nº 200/12.
Explica que la Comisión elevó su informe a la Presidenta de la Nación, donde manifiesta que evaluó la información que se desprende del “Informe Rattenbach” a la luz de una serie de criterios y consideraciones.
nota original
pagina donde bajar el informe rattenbach
El Poder Ejecutivo, por Decreto 431/2012 publicado hoy en el Boletín Oficial, ordenó la publicación de la versión digitalizada del Ejemplar “01” del “Informe Rattenbach” elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur.
En los considerandos cita consideraciones de la Comisión que analizo el documento, antes de darlo a difusión pública, en la que se destaca que “el carácter ilegal e ilegítimo de la dictadura cívico-militar, lejos de merecer una mirada de protección de su proceder, requiere su plena y completa revelación y consecuente repudio, sin que ello de ninguna manera signifique hoy develar información sensible que pueda afectar el interés nacional”.
Asimismo –agrega-, a raíz de los sustantivos cambios políticos y geoestratégicos regionales y globales acaecidos desde 1982 a la fecha, se hace innecesario mantener la reserva sobre la información relativa a la conducta de terceros Estados durante el conflicto, máxime cuando tal información reviste hoy un valioso interés desde el punto de vista histórico, tanto para nuestro país como para la comunidad internacional.
En cuanto a la información de carácter técnico-militar, la Comisión ha concluido que su significancia ha sido relativizada por el desarrollo tecnológico acaecido en las últimas tres décadas, conforme a la opinión de los expertos en la materia consultados por la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12.
En todo caso –agrega-, el conflicto de 1982 en modo alguno alteró la naturaleza o la caracterización de la controversia de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como lo ha reconocido la comunidad internacional en las numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptadas con posterioridad al conflicto bélico.
Dice también que, de acuerdo con los criterios enunciados y de conformidad con su mandato, la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12 concluyó que no se ha identificado información cuya publicación y difusión ponga en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores, aunque no obstante, se estimó pertinente señalar que existe un número limitado de información contenida en el Informe que, por razones diferentes a las encuadradas en el artículo 2º del referido decreto, puede caracterizarse como sensible.
En tal sentido dice que en la declaración del Contralmirante Barry Melbourne Hussay se brinda información mediante la cual se podría fácilmente identificar a un Kelper inglés que colaboró con las fuerzas militares argentinas en Malvinas, recomendándose que el referido texto sea tachado en negro de la versión del “Informe Rattenbach” que se haga pública, a los fines de evitar que la seguridad personal de ese individuo o sus familiares sea puesta en riesgo ante una eventual identificación, y como muestra de la consideración del Estado argentino por esas personas.
Por otra parte, en el documento “Antecedentes relacionados con el funcionamiento de la CNI —Central Nacional de Inteligencia— Origen: SIDE” al referirse a las reuniones para la elaboración del PIEN (Plan de Inteligencia Estratégica Nacional), entre los concurrentes por la SIDE se menciona a un funcionario que aún continúa prestando servicios de inteligencia, recomendándose, también, tachar en negro el nombre del mismo de la versión del “Informe Rattenbach” que se haga pública, a los fines de mantener la clasificación de seguridad sobre el personal y las actividades de inteligencia establecida por la Ley Nº 25.520 (art. 16º).
Asimismo –dice- resulta necesario instruir a la Procuración del tesoro de la Nación para que intervenga como parte en las causas que eventualmente pudieran originar las investigaciones que se realicen en virtud de la publicación del “Informe Rattenbach”, efectuando las denuncias, reclamos y querellas que correspondan.
También –agrega- es menester instruir al Ministerio de Defensa para que efectúe todas las acciones necesarias para el archivo del “Informe Rattenbach” y del Informe de la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12.
La versión digitalizada del material, estará disponible en el sitio de Internet de la Presidencia de la Nación. Los ejemplares originales del “Informe Rattenbach” recolectados por la Comisión creada por el Decreto Nº 200/12, tendrán el siguiente destino: el Ejemplar “01”, en su estado original, quedará bajo guarda de la jurisdicción Ministerio de Defensa – Auditoría General de las Fuerzas Armadas; los demás ejemplares pasarán a formar parte, previo acondicionamiento, del acervo documental del futuro Museo Memorial Malvinas. Asimismo, el Informe de dicha Comisión será dado a conocimiento público, excepto su “Anexo Confidencial” que permanecerá bajo la guarda de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y el ministro de defensa, Arturo A. Puricelli.
En los considerandos recuerda que mediante el Decreto Nº 200/12 se relevó de la clasificación de seguridad establecida, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su Decreto Reglamentario Nº 950/02, al Informe Final elaborado por la “Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades Políticas y Estratégico-militares en el Conflicto del Atlántico Sur” (conocido como “Informe Rattenbach”), sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho Informe.
Por la misma norma –agrega- se dispuso la creación de una Comisión, integrada por un representante del Ministerio de Defensa y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efectos de aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la Presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el referido “Informe Rattenbach” cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, para que, en su condición de Jefe Supremo de la Nación, responsable de las Relaciones Exteriores de la Nación y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación (artículos 99, incisos 1, 7 y 12, de la Constitución Nacional, y 10 de la Ley Nº 23.554) disponga mantener o no el carácter de “clasificación de seguridad” en los términos de la Ley Nº 25.520.
Dice además que por el citado decreto también se invitó al Coronel (R) D. Augusto Benjamín Rattenbach a formar parte de la referida Comisión.
Agrega que mediante la Resolución Conjunta MD Nº 63/12 y MREyC Nº 41/12 los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto designaron al Licenciado Alfredo W. Forti y a la Embajadora Susana M. Ruiz Cerutti como sus respectivos representantes en la Comisión creada por el citado Decreto Nº 200/12.
Explica que la Comisión elevó su informe a la Presidenta de la Nación, donde manifiesta que evaluó la información que se desprende del “Informe Rattenbach” a la luz de una serie de criterios y consideraciones.
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