Argentina debate las compras de tierras por extranjeros (excelente debate que se da en el gobierno de CFK una gran presidenta)

BUENOS AIRES—El Congreso de Argentina se apresta a un debate sobre una iniciativa para limitar la cantidad de terreno cultivable que pueden comprar los extranjeros, en medio de un aumento pronunciado del interés en la compra de tierras desencadenado por los crecientes precios de los alimentos. La propuesta de la presidenta Cristina

la mala intencion de la editorial wsj modifico la foto con photshop esa no es la imegen actual de CRISTINA.

Fernández de Kirchner prohibiría que personas extranjeras posean más de 1.000 hectáreas y limitaría la propiedad extranjera total a 20% de las tierras rurales de Argentina. La presidenta Kirchner ha promovido el proyecto como su máxima prioridad legislativa para la economía agropecuaria de rápido crecimiento, el segundo mayor exportador de maíz del mundo y el tercero de soya el año pasado. Una comisión de la Cámara de Diputados tenía previsto una audiencia para debatir la iniciativa el miércoles, pero los legisladores dicen que podría tomar tiempo allanar las diferencias entre el plan del gobierno y 14 proyectos de ley presentados previamente que regulan la compra de tierras por extranjeros. No hay estadísticas firmes sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros en Argentina, pero un informe de un centro de estudios afiliado con el partido Propuesta Republicana, o PRO, de tendencia conservadora, calculó las posesiones extranjeras en entre 3,4% y 9,9% de las tierras rurales totales. Durante varios años, grupos nacionalistas y de derechos de indígenas en Argentina han planteado inquietudes acerca de las compras de grandes terrenos en la Patagonia por parte de extranjeros ricos, entre ellos el magnate de medios Ted Turner, el empresario textil Douglas Tompkins y el Grupo Benetton. Pero ahora se están planteando interrogantes sobre recientes acuerdos que están enfocados en garantizar la seguridad alimenticia a gobiernos extranjeros en medio del alza de precios de las materias primas. Por lo pronto, el gobierno de la provincia de Río Negro recientemente anunció un acuerdo para alquilar hasta 300.000 hectáreas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group. El gobierno provincial dijo que los chinos han prometido invertir US$1.500 millones en irrigación y demás infraestructura, y planean exportar alimentos a su país. Los detalles del plan aún están difusos, y esto ha causado controversia, en parte porque la provincia no es dueña de toda la tierra en cuestión, dice María Magdalena Odarda, legisladora provincial que ha encabezado la oposición a la propuesta. En una entrevista, dijo que muchos productores se resisten a pasar de cultivar fruta a soya, como quieren los chinos. El gobierno local dice que el acuerdo traerá inversión muy necesaria a la región y creará empleos. No respondió a un pedido de comentarios sobre el trato. A comienzos de este año, el gobierno de la provincia de Chaco, en el norte del país, anunció un acuerdo con inversionistas de Arabia Saudita para el arrendamiento de hasta 221.000 hectáreas para la explotación agropecuaria. El gobernador Jorge Capitanich dijo que los sauditas inicialmente invertirán US$400 millones para modernizar la infraestructura, lo cual contribuirá a "incrementar el valor a futuro de las tierras con el objeto de aumentar el patrimonio estatal". Kirchner ha indicado que su ley no se aplicaría de manera retroactiva, lo cual significa que las actuales inversiones no se verían afectadas. Una de las cláusulas de su propuesta sería crear un registro unificado de propiedad de la tierra para definir quién tiene qué tierras. Los registros ahora están desperdigados entre oficinas de tierras provinciales y municipales. La gama de acuerdos de tierras pone de relieve la complejidad del reto que encara el Congreso para redactar el proyecto de ley, dice Nieves Pascuzzi, economista de la Sociedad Rural Argentina, un grupo que representa intereses agrarios. Pascuzzi señala que los legisladores necesitan acordar si pretenden reglamentar solamente las compras de tierras o también los arrendamientos y otros arreglos. El borrador del proyecto tampoco indica con claridad si se aplicarían restricciones a todas las inversiones extranjeras o solamente a aquellas en las cuales los extranjeros tienen una participación mayoritaria, explica. Finalmente, el Congreso necesita hacer consideraciones especiales sobre la diversidad de inversiones agropecuarias, que van desde enormes estancias ovinas en la Patagonia hasta pequeñas campos de soya en las pampas. El año pasado en el vecino Brasil hubo un efecto paralizador inmediato en el mercado de terrenos rurales cuando el gobierno impuso limitaciones a la propiedad extranjera de tierras, dice Kory Melby, consultor agropecuario oriundo de EE.UU. afincado en la localidad de Goiânia, en el oeste de Brasil. "Ha inhibido muchos acuerdos de tierras en los últimos 12 meses y ha moderado las cosas", dijo. La postura más restrictiva de Latinoamérica respecto a las compras de tierras está en contraste con la posición de África, que ha estado ofreciendo arrendamientos atractivos de largo plazo e incentivos tributarios a inversionistas chinos y árabes, indica Irma Mosquera, especialista en derecho e inversión de la Universidad de Utrecht en Holanda. "Creo que África está donde estaba Latinoamérica hace 20 años al decir, 'Necesitamos inversión extranjera. Nos estamos abriendo al mercado' ", dice Mosquera. "En Latinoamérica, los gobiernos ya no están dispuestos a alentar la inversión sin condiciones".

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