La DEA protege a narcos en Sudamérica: Hinzpeter, la CIA y el Mossad

Pensemos en un bar, instalado en una tranquila calle de Santiago de Chile, un lugar romántico donde parejas, artistas y turistas pasan el tiempo escuchando piezas musicales antiguas. Ese debió ser el lugar donde un agente de la DEA, estacionado en la embajada de Estados Unidos, conoció a su contacto, un oficial de alto rango de la Policía de Investigaciones (PDI), para discutir ciertos arreglos – cantidades, cubiertas, rutas y protección – de una operación común de narcotráfico, el suministro de un cargamento de cocaína desde Bolivia a través del paso de Colina.



El inspector de la policía, Fernando Ulloa, fue el primero en exponer esta trama. Sus indagaciones sobre una red de suministro de narcóticos en la comuna de Maipú lo llevaron a descubrir que sus colegas estaban involucrados en facilitar que la cocaína llegara a destino. Destapando el misterio, Fernando Ulloa se enteró de que los suministros – entre 120 y 200 kilos de cocaína mensual cargada en cajas de “aparatos electrónicos” – habían estado llegando a Chile hace un par de años, y que vehículos con las cajas eran escoltados por la Policía de Investigaciones u oficiales del Ejército, cuya misión era asegurar un tránsito seguro. En aquel punto, no obstante, los intentos de Ulloa por reportar estos descubrimientos habían sido frustrados por sus propios supervisores en Maipú.

Como un policía honesto, Ulloa nunca había imaginado que agencias protectores de la ley ignorarían su confiable información. Cuando se evaporó la última esperanza de que el Alto Mando de la PDI reaccionaría, Ulloa, ayudado por la parlamentaria Mónica Zalaquett, se contactó directamente con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter Kirberg, y, en mayo de 2011, le hizo entrega de un buen paquete de evidencia incriminatoria. El ministro Hinzpeter dijo que el problema sería resuelto en cuatro días, y remitió la información al jefe de investigaciones del ministerio, pidiendo a Ulloa que, en el entretanto, no hablara con los medios y evitara dañar la reputación de la PDI. Ulloa guardó sus conocimientos por un año, hasta darse cuenta de que los cargamentos a través del Paso de Colina continuaban, como si nada hubiera ocurrido. Luego contrató a un abogado defensor e hizo pública la denuncia. La administración respondió despidiendo a Ulloa, colocándolo bajo vigilancia e interviniendo su teléfono.

Lo que Ulloa debió entender es que el componente clave era el ministro Hinzpeter, una de las figuras más influyentes de la política chilena. Los nexos de Hinzpeter con estadounidenses e israelíes derechistas son un secreto a voces en Chile, aunque, paradójicamente, la familia del ministro posea una historia ligada al campo socialista de Salvador Allende, y uno de sus familiares sea conocido por haber espiado para los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando para el famoso Grigulevich y cubriendo las actividades de agentes nazis y del FBI. En contraste, el señor Hinzpeter es un personaje que pertenece enteramente a la época liberal.

Proveniente de una familia judía, Hinzpeter asistió al Instituto Weizmann y, en secreto, recibió entrenamiento militar en Israel. Hinzpeter se graduó del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile, donde se unió a grupos estudiantiles pro-Pinochet, ganando más tarde un empleo en la firma Simpson Thacher & Barrlett, en Nueva York. El rumor es que círculos sionistas en Estados Unidos apreciaban la carrera de Hinzpeter. Desde 2001, el ministro ha sido un socio cercano de Sebastián Piñera, sirviendo como jefe de campaña. En 2010, cuando Piñera se convirtió en presidente, Hinzpeter fue elegido para encabezar a las policías. Sin lugar a dudas, esta promoción fue bendecida desde Washington.

Los chilenos han cuestionado constantemente si la lealtad de Hinzpeter está dividida entre Chile y otros centros de gravedad política. A lo largo de sus dos años en el cargo, Hinzpeter ha sido una constante jaqueca para el gobierno y, desde una perspectiva más amplia, una amenaza para la gobernanza de Chile, debido a sus descaradas inclinaciones autoritarias. Recurrentemente, Piñera ha debido salir en defensa de Hinzpeter cuando el descontento se ha visto acelerado ante el uso de la fuerza en manifestaciones, las tarifas del gas en Aysén, la represión a marchas estudiantiles por una educación gratuita, o la campaña de alegatos de que, de alguna forma, Chile estaba siendo amenazado por grupos musulmanes radicales. A menudo, blogueros chilenos hacen comparaciones entre la policía de Hinzpeter y la forma en que Israel trata a los palestinos, e incluso han sostenido que la razón por la cual el ministro es inmune a la responsabilidad de su actuar desproporcionado, es porque disfruta de un fuerte respaldo del Mossad.

Por cierto, Hinzpeter ganó una notoriedad adicional como amigo de la CIA y el Mossad en la caza de míticas células de Al Qaeda en mayo de 2010, cuando el estudiante paquistaní Mohammed Saif-ur-Rehman Khan fue arrestado bajo cargos fantásticos en Chile. Con una excusa trivial, la embajada estadounidense invitó a Khan al complejo diplomático, ante lo cual el estudiante accedió, ingenuamente. William Whitaker, un supuesto operador de la CIA, lo hizo pasar por un detector de explosivos, le pidió que entregara su celular y lo llevó a un cuarto dentro de la embajada. Poco después, Khan fue informado de que algunas trazas de explosivos habían sido detectadas en su teléfono. El estudiante, quien protestó contra la infracción a sus derechos en un procedimiento similar a las interrogaciones de Abu Ghraib, fue forzado a auto-declararse culpable de un complot imaginario. Al mismo tiempo, la Policía de Investigaciones siguió instrucciones del representante del FBI en Chile, Stanley Stoy, y registró el cuarto arrendado por Khan.

Luego de una sugerencia de Hinzpeter, los israelíes se sumaron al equipo investigativo, pero fueron incapaces de identificar cualquier contacto del estudiante con potenciales terroristas. Hinzpeter ordenó a la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) que escuchara todas las conversaciones telefónicas realizadas por Khan, sin ninguna orden judicial oficialmente emitida, con el objeto de medir la coordinación existente entre el joven paquistaní y el senador Alejandro Navarro, quien condenó toda la operación como una provocación, chequeando además si Khan mantenía vínculos con emisarios de regímenes populares.

Apresuradamente, Hinzpeter dio a conocer la versión estadounidense de la detención, refiriéndose a las trazas de explosivos supuestamente detectadas en las posesiones de Khan. La noticia se difundió por los medios, sin mencionar el carácter casi hipotético de los cargos, y Khan fue encerrado en una cárcel de alta seguridad para enfrentar una ronda de interrogaciones. Luego de esto, Khan expresó la opinión de que Hinzpeter había mediatizado su caso en el marco de una campaña anti-terrorista mayor en Chile, con tal de justificar la aprobación de una ley anti-terrorista extremadamente severa. Muchas investigaciones técnicas fueron realizadas a petición de un abogado traído por Khan, descubriendo que las trazas de explosivos existían sólo en el teléfono y no en las demás posesiones del estudiante. La única explicación plausible detrás de la paradoja, era que funcionarios de la embajada de EE.UU. habían contaminado el celular de Khan con sustancias explosivas. Lo más probable es que la PDI haya hecho lo mismo en el apartamento donde vivía Khan. Sin embargo, aquella “evidencia” no pudo ser considerada, puesto que una patrulla de Carabineros filmó la visita de la PDI mientras esperaba una orden de allanamiento.

Lo anterior fue un rotundo fracaso, y aquellos que diseñaron el montaje no tuvieron más opción que abandonar Chile. Stanley Stoy resurgió en la Crisis Negotiation Unit del FBI, donde sus experiencias chilenas serían bienvenidas, y William Whitaker ganó un empleo en el consulado de Tijuana, México, con la tarea de combatir algunos carteles del narcotráfico que desafían los controles de la DEA. El embajador Paul Simons, quien se quedó en Chile por un tiempo para ser enfrentado por una prensa curiosa, se convirtió finalmente en Secretario Ejecutivo de la Inter American Drug Abuse Control Commission (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sólo el ministro Hinzpeter mantiene aún su versión y dice que Khan está relacionado con grupos terroristas chilenos, responsables de una serie de explosiones en instituciones bancarias.

Hinzpeter no parece estar perturbado por otro escándalo: que excedentes del narcotráfico están siendo desviados para socavar a regímenes populares en Latinoamérica. El ministro tiene la confianza de que sus patrones estadounidenses e israelíes le apoyarán, sin importar lo que pase.

El medio independiente chileno, Panoramas News, afirmó el 3 noviembre que la DEA y la CIA estaban involucrados en una cadena de distribución de drogas proveniente de Bolivia y Perú a través del Paso de Colina. Citando fuentes creíbles, el periodista chileno Patricio Mery escribió que la operación era dirigida desde la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile, con la perspectiva de usar los fondos ilícitos para financiar actividades subversivas en países populares. El relato se quedó corto en detallar el sistema de distribución de los narcóticos, pero existen serias indicaciones de que el centro militar de Concón, construido con dinero del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), podría estar siendo utilizado como base de la ruta de drogas.

Según el mismo relato, en este momento, el enfoque de la DEA y la CIA se encuentra en Ecuador, que se está preparando para las elecciones del próximo 17 de febrero de 2013. El líder del país, Rafael Correa, cuenta con un aplastante 70% de aprobación, pero es descrito como un político no amistoso en Washington por oponerse a los designios estadounidenses para el Asia Pacífico. Que Correa haya cerrado una base militar de Estados Unidos en Manta, se encuentra subrayado en la lista de agravios. Últimamente, Correa ha advertido que la CIA podría estar planeando influenciar el resultado de las elecciones ecuatorianas, citando la información de Mery de que excedentes de la droga serían gastados en política subversiva. De forma similar, Correa replicó las revelaciones emitidas por el diplomático inglés Craig Murray, quien dijo que la CIA había destinado “oficialmente” $87 millones de dólares – y probablemente mucho más en la realidad – para manipular las elecciones ecuatorianas.

Correa se abstuvo de acusar públicamente a la administración chilena como cómplice de este desagradable plan, pero no se descarta que el tema haya sido tocado cuando se reunió con el presidente Piñera. Hinzpeter está poniendo las relaciones amistosas entre Chile y Ecuador bajo una tensión considerable, pero existen pocas opciones de que la actividad le cueste al ministro su cargo. Difícilmente, Piñera se atreverá a molestar a los poderosos patrones de Hinzpeter, y, por ende, no existe ningún peligro para que la carga de drogas cruce el Paso de Colina.

*Este artículo fue publicado por Nil Nikandrov, periodista y analista político ruso, quien escribe frecuentemente para la revista Strategic Culture Foundation.

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